La solicitud de que se declare ilegal la detención y la libertad de los nueve imputados, son parte de los requerimientos formulados en el recurso de amparo interpuesto por el procurador general del Estado de Bolivia, Pablo Menacho Diederich, en la Corte de Apelaciones de Iquique.

El jurista llegó hasta tribunales acompañado del abogado Claudio Vila, quien lidera el equipo de profesionales que trabaja (en el país) la causa.

El recurso de amparo busca declarar ilegal la detención de los dos militares y los 9 aduaneros que fueron aprehendidos el 19 de marzo de pasado, en la zona fronteriza de Panavinto (Colchane), los cuales fueron formalizados por el Ministerio Público por los cargos de robo con intimidación, contrabando y porte ilegal de armas.

Menacho insistió que los detenidos al momento de ser aprehendidos luchaban contra el delito de contrabando. “Ellos estaban haciendo su trabajo en calidad de empleados públicos de Bolivia y este tipo de temas debieran ser tratados entre los Estados, eso es lo que se acostumbra y no haberlos remitido a instancias judiciales. Estamos buscando que ellos recuperen su libertad en forma inmediata”, subrayó.

El procurador explicó que se presentó abundante prueba documental que los imputados cumplían una función oficial para el gobierno boliviano. “Los cargos que se presentaron son absolutamente inconsistentes. Se les acusa de contrabando y los vehículos incautados corresponden a la Aduana Nacional de Bolivia. Luego, se habla de robo y lo que estaban haciendo es confiscar mercadería de contrabando que es un delito perseguido por distintas naciones. Las mismas personas presentadas como víctimas por la fiscalía declararon que transportaban productos que eran de contrabando. Esperamos que esto se resuelva en el más breve plazo y de la forma en que siempre debió haber sido”, sentenció.

Además, en las últimas horas  los abogados de los familiares de los detenidos interpusieron una acción judicial en contra del fiscal de Pozo Almonte, Hardy Torres y un funcionario de Carabineros, por falta penal, basados en que no se denunció a los camioneros que actualmente aparecen como víctimas en la causa, pero que a juicio de Bolivia cometían el delito de contrabando.

La Corte de Apelaciones de Iquique debiera pronunciarse en las próximas 48 horas sobre la admisibilidad del recurso de amparo y pedir un informe al juzgado de garantía de Pozo Almonte, tras lo cual se desarrollará una audiencia para escuchar los alegatos de las partes. (AL)