Recién esta tarde se desarrollaría recién la audiencia de control de detención de los 9 funcionarios bolivianos detenidos ayer en la zona fronteriza del Salar de Coipasa, luego que Carabineros concurriera a la zona y procediera por considerar que se trataba de una acción ilegal en territorio chileno.Mientras, los defensores penales públicos de esta jurisdicción efectuaban las entrevistas personales a cada uno de los militares y aduaneros del vecino país, quienes permanecen desde esta mañana en las dependencias judiciales.

El horario fue estimado en el Tribunal de Garantía de esta localidad pampina, luego que se conociera que recién alrededor de las 11:00 horas partía hacia este lugar el fiscal a cargo del caso, Hardy Torres,quien desde anoche actuaba en la comuna de Colchane, a poco más de tres horas de este lugar.

La actividad judicial en torno este caso comenzó diez minutos antes de las nueve de la mañana, cuando en el juzgado fueron recibidos los 9 funcionarios bolivianos detenidos, entre ellos los dos militares, quienes vestían traje de camuflaje. Instantes después la defensora penal pública, Carolina Lagos fue a constatar que estuvieran en condiciones adecuadas y, al preguntar si se habían alimentado, fue informada de que sí, que desayunaron temprano.
En este momento están asignados al caso la mencionada abogada y el defensor penal público Yamil Cabrera, quienes se entrevistan con los detenidos.

Preliminarmente el Cónsul General de Bolivia en Arica, Esteban Catarina Mamani, quien viajó hasta esta región para atender la situación de sus compatriotas, sostuvo una entrevista con la defensora Carolina Lagos, quien le explicó el procedimiento judicial que corresponde efectuar en esta oportunidad. El representante consular agradeció la información y la dedicación que la Defensoría Penal Pública está aplicando a esta situación.

En el tribunal, desde temprano estaban presentes, además de la defensa, la fiscal Yoselin Pacheco y el abogado de Aduanas Enzo Molina, quien venía a representar a su institución en esta diligencia.

Aunque la expectación se centraba en las imputaciones iniciadas en Colchane, las audiencias programadas comenzaron dirigidas por la magistrada Isabel Peña Cifuentes.

Mientras tanto, la defensora penal pública Carolina Lagos, de turno en el tribunal, indicó a la prensa que a los detenidos en la frontera les corresponde la garantía de tener a disposición a un defensor público, como ocurre con cualquier persona que es requerida por la justicia penal. “Nosotros estamos para garantizar ese derecho, hoy con ellos, como con todos los que concurren a este tribunal en calidad de imputados”, precisó la abogada.

La prensa regional le consultó por las implicancias diplomáticas del caso, ante lo cual ella respondió: “mi responsabilidad es proveer, con dedicación, de la defensa jurídica de calidad que merece cualquier persona en nuestro país; por lo tanto sólo me corresponde pronunciarme sobre los aspectos jurídicos de este caso y no sobre otros aspectos”.

También llegó al tribunal el alcalde de Colchane, Javier García, quien indicó que su municipio se haría parte como querellante en este caso.